¿El despido por incapacidad permanente total, qué es ?

Imagina que tras años dedicados a tu profesión, una enfermedad o un accidente te obliga a pasar por revisiones médicas, bajas prolongadas y visitas al INSS. Un día, recibes el dictamen : eres no apto para tu trabajo habitual. La incertidumbre te invade : ¿y ahora qué pasa con mi empleo ? , ¿me pueden despedir ? , ¿qué será de mi salario ? , ¿hay indemnización por despido ? , ¿te suelen quitar una incapacidad permanente total si mejoras ? Este escenario es más habitual de lo que pensamos y plantea muchas dudas tanto a trabajadores como a empresas.

El despido por incapacidad permanente total es una situación laboral relevante y frecuente en España, pero sigue generando muchas preguntas. ¿Qué es la incapacidad permanente total ? ¿Cuándo procede el despido ? ¿Existe indemnización por despido por incapacidad permanente total ? En el artículo de hoy, resolvemos todas estas cuestiones.

¿Qué es el despido por incapacidad permanente total ?

El despido por incapacidad permanente total es una forma de extinción del contrato de trabajo que se produce cuando un trabajador es declarado no apto para su trabajo habitual debido a una enfermedad o accidente, y su situación ha sido reconocida oficialmente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la mutua. 

Este tipo de despido, también conocido como extinción del contrato por incapacidad total permanente, está regulado por el Estatuto de los Trabajadores y no implica una sanción, sino una consecuencia derivada de la imposibilidad legal y médica de que el empleado continúe desempeñando su puesto.

¿Qué es la incapacidad permanente total ?

La incapacidad permanente total es una situación reconocida por la Seguridad Social que afecta a trabajadores que, tras sufrir una enfermedad o accidente, ya no pueden realizar las funciones esenciales de su profesión habitual. Es decir, aunque pueden llevar una vida normal y trabajar en otros empleos, han perdido la capacidad para desempeñar el trabajo específico que venían realizando hasta ese momento.

En este contexto, el trabajador es considerado no apto para trabajo habitual, pero no está completamente inhabilitado para cualquier actividad profesional. Por eso, la incapacidad permanente total se diferencia de la incapacidad absoluta, donde el trabajador no puede desempeñar ningún tipo de trabajo.

¿Qué implica que un trabajador sea declarado en situación de incapacidad permanente total ?

Cuando un trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente total, esto implica :

En resumen, ser declarado en situación de incapacidad permanente total implica el cierre de una etapa profesional, pero también la apertura de nuevas oportunidades, siempre bajo la protección de la Seguridad Social y la legislación laboral.

¿Es posible despedir a un trabajador por incapacidad permanente ?

La respuesta es sí. Es decir, si es posible despedir a un trabajador cuando es declarado en situación de incapacidad permanente total o absoluta, siempre bajo las condiciones y garantías que establece la legislación laboral española.

Como hemos dicho anteriormente, la incapacidad permanente total implica que el trabajador es considerado no apto para el trabajo habitual, es decir, no puede desempeñar las funciones esenciales para las que fue contratado. En estos casos, la empresa puede extinguir el contrato de trabajo de forma legal, ya que existe una causa objetiva reconocida oficialmente por la Seguridad Social o la mutua colaboradora.

En otras palabras, el despido por incapacidad permanente es posible y está regulado por la ley, proporcionando garantías tanto para la empresa como para el trabajador. Este proceso asegura protección social al empleado y seguridad jurídica a la empresa, evitando conflictos y asegurando una transición ordenada a la nueva situación laboral y económica.

¿Cuál es el nuevo procedimiento para el despido por incapacidad permanente total ?

Desde el 1 de mayo de 2025, con la entrada en vigor de la Ley 2/2025, ya no es legal extinguir automáticamente el contrato de trabajo cuando un empleado recibe el reconocimiento de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

Ahora, el proceso es mucho más garantista y protege la continuidad del empleo, dando protagonismo a la voluntad y posibilidades de adaptación del trabajador.

En ese sentido, las principales novedades son las siguientes :

• Las empresas ya no pueden finalizar el contrato sólo por la concesión de una pensión de incapacidad permanente total. El despido automático ha sido derogado.

• El empresario debe estudiar si puede realizar “ajustes razonables” en el puesto, adaptando las funciones, el entorno de trabajo, o incluso reubicando al trabajador en otra vacante compatible con sus capacidades.

• Solo si estos ajustes suponen una carga excesiva para la empresa (económica, técnica, organizativa o de recursos), podrá extinguirse el contrato.

• El trabajador elige : Una vez reconocida la incapacidad permanente, el trabajador dispone de 10 días naturales para comunicar a la empresa si desea mantener la relación laboral. Si el trabajador quiere seguir, y la empresa puede implantar los ajustes razonables, el contrato se mantiene. Si se opta por la continuidad, la empresa dispone de un máximo de 3 meses para realizar los ajustes, adaptar el puesto o reubicar al trabajador.

• Durante este periodo, el contrato permanece en suspenso y el empleado puede continuar cobrando la baja médica (incapacidad temporal), pero no la pensión de incapacidad.

• Si el trabajador sigue en activo tras la adaptación o reubicación, la pensión de incapacidad queda suspendida y solo se recupera si cesa la relación laboral o deja de ocupar el nuevo puesto.

Básicamente, el nuevo procedimiento prioriza la adaptación y la continuidad laboral, y solo permite el despido por incapacidad permanente total en última instancia, si la adaptación es inviable o el trabajador no acepta el nuevo puesto.

En definitiva, el despido por incapacidad permanente total es una medida regulada y protegida por la legislación laboral española, que busca equilibrar la protección del trabajador con la seguridad jurídica de la empresa. Aunque supone el cierre de una etapa profesional, no implica la exclusión del mercado laboral, ya que el afectado puede optar a nuevos empleos compatibles con sus capacidades y cuenta con una pensión que garantiza su estabilidad económica. 

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